A nadie escapa la oleada de construcciones realizadas fuera de ordenación urbanística en todo el territorio español durante estos últimos años y que, curiosamente, coinciden con los años previos a la crisis del ladrillo o burbuja inmobiliaria. Es imposible olvidar los casos ocurridos no solo en la Costa del Sol (Marbella, San Pedro Alcántara, Estepona...) sino en multitud de municipios donde los casos de corrupción municipal salpicaron a buena parte de sus políticos y Ayuntamientos.

Pues bien, la Sala Civil del Tribunal Supremo, fija la doctrina al respecto este tipo de inmuebles, dictando que "las garantías legales de las cantidades anticipadas para adquisición de viviendas que regula la ley 57/1968 y disposición adicional primera de la LOE se extienden a aquellos supuestos en que el contrato de compra-venta no llega a buen fin, por declararse nulo por vicio invalidante del consentimiento al haber ocultado el promotor-vendedor al comprador la existencia de vicios de la edificación de naturaleza urbanística".

Dinero supuestamente fácil solo con una llamada telefónica o un clic de ratón. Es lo que venden muchas empresas de crédito rápido. No obstante, la realidad es mucho más diferente y problemática.

Como ya hemos comentado en otras ocasiones, nuestro consejo es consultar siempre con un profesional, antes de contratar un crédito de este tipo. A pesar de ello y de que el Tribunal Supremo sigue poniendo trabas a estas empresas de crédito, los graves perjuicios que siguen provocando a muchas familias españolas, es evidente. Tanto, que los juzgados y tribunales siguen actuando y respaldando los derechos de los consumidores que se han sentido engañados a la hora de conseguir, casi por arte de magia uno de estos créditos.

Encabezando una lista de 185 grandes morosos de la provincia de Málaga, se encuentra el Grupo Inmobiliario Aifos, con casi 174 millones de euros, pendientes de abono a las arcas públicas. Pero eso no es todo el capital que debe esta sociedad. A ello hay que sumar los depósitos que se hicieron en su día para adquirir unas 100 viviendas que jamás fueron finalizadas ni entregadas a sus compradores.

El importe estimado de cinco millones de euros, recibidos por varias entidades bancarias en depósito, fueron reclamados extrajudicialmente, a la vista de la quiebra de la promotora, con la consiguiente negativa por parte de los bancos. Ello provocó que varios despachos de abogados de la provincia, iniciaran conjuntamente unas 100 reclamaciones judiciales sobre los importes que cada familia aportó para la adquisición de sus viviendas.

Aunque de forma indirecta, la banca española vuelve a ser beneficiada por la Tribunal Supremo, dando por buena la norma del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), que obliga a todos los beneficiarios de una prestación social, a disponer de una cuenta bancaria, con los gastos que ello normalmente supone.

Es cierto que, como el mismo Tribunal expone, existen entidades bancarias que han eliminado por completo las comisiones bancarias por mantenimiento de cuentas, aunque bajo determinadas exigencias que, en modo alguno pueden cumplir, por ejemplo, algunos desempleados, ya que suelen exigir un saldo medio, o la domiciliación de determinados recibos. Solo en casos de banca completamente online, esas comisiones alcanzan realmente a ser cero, aunque nos obligan a disponer de otra cuenta en una oficina física para poder disponer del efectivo transferido por el Estado. Olvida también el Supremo que no todos los beneficiarios de este tipo de prestaciones tienen la posibilidad de disponer de ordenador o conexión a Internet.

Como muchos recordarán, durante el año 2012, fueron impuestas determinadas tasas para que ciudadanos y empresas pudieran acceder a los tribunales de justicia españoles. Ello chocaba frontalmente con el dictado del Artículo 24 de la Constitución Española, en el que claramente se reconoce el derecho de todas las personas a "obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión".

¿Por qué la ley de tasas judiciales hacía que el Estado incumpliera este derecho fundamental?

• Hacía imposible para muchas personas continuar o iniciar procedimientos judiciales al tener que pagar unas tasas para nada simbólicas, impidiendo a los más desfavorecidos acceder a la Administración de Justicia.
• De forma completamente artificial e indiscriminada, se incrementaban los costes judiciales.
• Se creaba una doble imposición sobre un servicio público, el cual estaba siendo financiado mediante los impuestos que todos los españoles abonamos mediante nuestras rentas y, directamente con las mencionadas tasas.

Concursos de acreedores, promociones fallidas, empresarios sin escrúpulos, etc. Muchos han sido los motivos por los cuales, muchas familias españolas han perdido sus ahorros. El estallido de la burbuja inmobiliaria dejó miles de pisos por construir, miles de afectados que veían como ni se les entregaban las viviendas o locales, ni se les devolvía el dinero que habían anticipado. También en la provincia de Málaga y, concretamente, San Pedro Alcántara, Marbella, Estepona, Fuengirola, Mijas...

Pero los éxitos alcanzados hasta el momento en este tipo de casos han servido de incentivo a muchas personas que ya creían perdidas todas sus oportunidades de rescatar lo invertido, para iniciar procedimientos judiciales que, en la mayor parte de los casos, finalizan de forma favorable, garantizando la devolución de las cantidades anticipadas o depositadas en las distintas entidades financieras que intervinieron en la promoción de estos edificios o urbanizaciones.

"Alquilé mi piso por 30 días y ahora no puedo echar al inquilino". Algo así se relataba en la noticia que El Confidencial, publicó el pasado lunes 25 de abril, sobre las desventuras de una propietaria de San Francisco (EEUU), que puso uno de sus apartamentos en manos de una plataforma web de alquiler vacacional. Además de sobrepasar el tiempo de estancia pactado, el inquilino empezó a quejarse por absolutamente todo e, incluso, dejó de pagar.

Aunque la legislación española es bien diferente a la de California, no cabe duda de que, antes de iniciar cualquier tipo de negocio jurídico, la recomendación es consultar con un profesional del Derecho, el cual nos orientará sobre todas las cuestiones jurídicas y fiscales que conlleva tal decisión.