La sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), ha declarado la responsabilidad patrimonial del Servizo Galego de Saúde (SERGAS) por daño desproporcionado y lo ha condenado a pagar 300.000 euros a una paciente a la que, tras practicarle una discectomía en el Complejo Hospitalario de Ourense, sufrió una paraplejia con déficit y sensitivo en extremidades inferiores.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha ratificado que la negativa del Servicio Extremeño de Salud a suministrar un medicamento a un paciente de una enfermedad rara de los ojos vulneró su derecho a la integridad física y a la igualdad, y reconoce su derecho a recibir dicho fármaco en los términos señalados por los informes de la doctora que le atendió.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado una Sentencia en la que fija doctrina en relación con las solicitudes de acceso a la financiación pública de un medicamento no autorizado en España, a través de una autorización excepcional, para el tratamiento de pacientes con enfermedades raras.

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha estimado el recurso que interpuso la Generalitat de Cataluña contra una Sentencia del TSJ de Cataluña que consideró que un instituto de Barcelona había vulnerado los derechos fundamentales de un alumno no vacunado al que ante un contagio por COVID-19 se le impuso la cuarentena domiciliaria de 10 días.

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), ha fijado en 90.000 euros la indemnización que, en concepto de daño moral procedente de una pérdida de oportunidad, debe abonar el Servizo Galego de Saúde (SERGAS) a un paciente del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS) al que le extirparon el bazo y parte de páncreas tras la demora en el diagnóstico de un carcinoma renal.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Badajoz ha estimado parcialmente la demanda de unos padres con un niño con un 89% de discapacidad, y condena al Servicio Extremeño de Salud y a la aseguradora de esta administración a indemnizarlos con un millón de euros en concepto de responsabilidad patrimonial.