Como ya comentamos en nuestro anterior artículo referido a la nueva legislación autonómica sobre el arrendamiento de viviendas para uso turístico, uno de los motivos por el que el legislador, después de tantos años, entra a regular y vigilar este tipo de contratación, es el beneficio económico que ello reporta a las arcas privadas sin pasar por el control de Hacienda.
Según los técnicos de Hacienda, en Andalucía y, concretamente, en la provincia de Málaga, se encuentran la mayor parte de arrendamientos sin declarar, la mayoría de ellos, para uso distinto del de vivienda. Se estima que la proporción es del 55,4 por ciento. Esto es, 14 puntos por encima del promedio español. Por ello, la Agencia Tributaria ha puesto los ojos y toda su plantilla de inspectores a revisar y cruzar, entre otros, los datos del consumo eléctrico que de declaran en viviendas que, en teoría, están desocupadas, además de los anuncios de arrendamiento vacacional existentes en las distintas plataformas que existen en el mercado como Airbnb, Tripadvisor, HomeAway, etc. sin contar además con, la colaboración existente a partir de ahora entre Hacienda y la Junta de Andalucía, encargada de inscribir, registrar e inspeccionar desde ahora todos estos inmuebles.
No cabe la menor duda, que mantener un anuncio en las plataformas de alquiler vacacional como Airbnb, Tripadvisor, Booking, Homeaway, o incluso las de cualquier otro intermediario, como las webs de las agencias inmobiliarias, cada día es más difícil para aquellos que no tienen al día su actividad económica. Recordemos que el primer paso fue dado por tribunales y varias comunidades autónomas, obligando a estos agentes borrar de sus bases de datos cualquier vivienda en alquiler que no estuviese formalmente inscrita en los registros oportunos. En el caso de Andalucía, la Consejería de Turismo. El incumplimiento del Decreto 28/2016, de 2 de febrero, de las viviendas con fines turísticos y de modificación del Decreto 194/2010, de 20 de abril, de establecimientos de apartamentos turísticos, puede conllevar sanciones que van desde 2.000,00 € hasta 150.000,00 €. “Como sanción accesoria podrá imponerse la suspensión temporal del ejercicio de servicios turísticos, o la clausura temporal del establecimiento o de la unidad de alojamiento, en su caso, por un periodo comprendido entre seis meses y tres años. Podrá acordarse la clausura definitiva del establecimiento y, en su caso, la cancelación de la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía, cuando la persona responsable haya sido sancionada dos o más veces en el transcurso de tres años consecutivos por la comisión de infracciones muy graves, mediante resolución firme en vía administrativa, y se produzcan perjuicios graves para los intereses turísticos de Andalucía derivados de la conducta de la persona infractora.”
Nos referimos concretamente a la aplicación de recargos por Plusvalía, aunque el inmueble vendido haya sido a pérdida o con un incremento patrimonial igual a cero.