El Tribunal Supremo ha estimado el recurso presentado por una familia con un hijo con síndrome de Down a quien el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, en un dictamen de 2020, dio la razón al establecer que los tribunales españoles habían vulnerado su derecho a una educación inclusiva.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha condenado a 7 meses y 15 días de prisión a una enfermera que accedió sin autorización a la historia clínica de una mujer, a la que también envió mensajes amenazantes.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha reconocido el derecho de un trabajador despedido a recibir, si no es readmitido en su puesto, una indemnización por daños y perjuicios de 30.000 euros al considerar improcedente su despido y estimar que la compensación tasada en su caso de 493,49 euros “no es adecuada al daño sufrido” por él.

La sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), ha declarado la responsabilidad patrimonial del Servizo Galego de Saúde (SERGAS) por daño desproporcionado y lo ha condenado a pagar 300.000 euros a una paciente a la que, tras practicarle una discectomía en el Complejo Hospitalario de Ourense, sufrió una paraplejia con déficit y sensitivo en extremidades inferiores.

El Tribunal Superior de Justicia de Balears ha estimado parcialmente el recurso de un peatón que fue atropellado por dos caballos desbocados cuando paseaba con su familia e incrementa la indemnización a 11.705,27 euros que deberán pagar el ayuntamiento de Maó y la entidad SegurCaixa Adeslas, por un lado, y los dos propietarios de los animales, por otro, por las lesiones producidas.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha estimado un recurso y declara la vulneración de su derecho al honor y a la propia imagen del demandante, reconociéndole una indemnización de 18.000 euros.