Actualizado 30/03/2020 23:00 h: Además de las cuestiones tratadas a continuación, disponen de un enlace al webinar organizado por Jiménez & Asociados junto a Ley 57 Abogados, con las últimas medidas adoptadas por el Gobierno y su correspondiente explicación y aplicación para cada caso.

Cumplida una semana desde el Decreto sobre el Estado de Alarma, y tras las medidas aprobadas en el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, analizamos esquemáticamente las opciones del empresario y autónomo con respecto a sus trabajadores.

Cada negocio es distinto y las circunstancias de cada uno también lo son. Hay negocios directamente afectados por una orden de cierre y, por el contrario, existen otros que están afectados indirectamente, bien por una drástica reducción de la demanda o, simplemente, porque se ven impedidos para realizar su labor.

La duración de las medidas de cierre y aislamiento, añade un factor de incertidumbre respecto a la solución a adoptar, pues, si el periodo fuera corto, el ahorro con medidas drásticas no sería importante y, sin embargo, podrían condicionar la reactivación de la empresa. Sin embargo, si el periodo se alarga, algunas medidas serán obligadas.

Durante años, muchas entidades bancarias, para el cálculo y contratación de algunos productos crediticios, han estado utilizando el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH). En su escritura o, incluso, en los extractos bancarios también puede aparecer indicado este valor como “Mercado Hipotecario Bancos” y/o “Conjunto Entidades”.

Desde el 3 de marzo de 2020, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ha decidido que la aplicación de estos tipos de interés por parte de las entidades de crédito, puede ser abusiva y, por tanto, pone en manos de cada usuario la reclamación de aquellas cantidades que los bancos hayan podido cobrar de más, al no aplicar el índice de referencia general, esto es, el Euribor. Como ocurriera con las denominadas “cláusulas suelo”, queda en manos de los ciudadanos iniciar las reclamaciones, evidentemente, acompañados por el mejor asesoramiento legal, a fin de evitar perjuicios posteriores o liquidaciones por debajo de lo realmente exigible a su sucursal bancaria.

Para paliar en la medida de lo posible las consecuencias económicas y sociales de la epidemia causada por la propagación del coronavirus COVID-19, el Gobierno de la nación publicó anoche el Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, en el que se recogen las primeras medidas en el ámbito laboral relacionadas con el Estado de Alarma decretado el pasado sábado.

Destacamos que este decreto plantea dos medidas extraordinarias para dos escenarios diferentes, según estemos hablando de un negocio afectado por el decreto de cierre o por un negocio que por razón de la alarma vea reducida su carga de trabajo y, por tanto, de sus ingresos, recordando que estas reglas son extraordinarias, temporales y destinadas a evitar despidos definitivos.