En esta segunda entrega dedicada a las medidas urgentes que, en el ámbito social y económico, ha dispuesto el Gobierno para hacer frente a la crisis causada por la propagación del coronavirus COVID-19, al amparo del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, venimos a aclarar en qué consiste la “prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual”.

Para los contratos de arrendamiento de vivienda habitual que se vean afectados por la finalización del contrato o cualquiera de sus prórrogas, dentro del periodo comprendido desde la entrada en vigor de este Real Decreto-Ley, hasta el momento en que hayan transcurrido dos meses desde la finalización del Estado de Alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, podrá aplicarse, previa solicitud del arrendatario (inquilino), una prórroga extraordinaria del plazo del contrato de arrendamiento.

¿Cuánto tiempo durará esta prórroga extraordinaria?

La prórroga extraordinaria que citamos, tendrá un periodo máximo de seis meses, durante los cuales, se seguirán aplicando el resto de términos y condiciones establecidos en el contrato de arrendamiento en vigor.

Comenzamos hoy una serie de cinco artículos cortos en los que desarrollaremos aquellas medidas urgentes que, en el ámbito social y económico, ha dispuesto el Gobierno para hacer frente a la crisis causada por la propagación del coronavirus COVID-19, al amparo del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo que, con este propósito quedó publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En el mencionado Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, publicado con fecha 1 de abril de 2020, se refuerzan y complementan otras disposiciones que, durante el Estado de Alarma, hemos ido conociendo y publicando puntualmente en nuestra web y redes sociales.

Tratadas ya en otros artículos y vídeos las contingencias dispuestas en el ámbito laboral, nos gustaría seguir y poner especial interés, en las novedades promulgadas dentro del ámbito dedicado a la protección de familias y colectivos vulnerables durante la extraordinaria situación que vivimos en España.

Mañana viernes 3 de abril de 2020, a las 12:00 horas, tendrá lugar una videoconferencia o webinar, organizado por Jiménez & Asociados junto a Ley 57 Abogados, en la que nuestro compañero Carlos Cómitre Couto, destinará gran parte del tiempo a solventar las dudas que durante estos días han surgido entre trabajadores y autónomos a causa de la crisis provocada por la expansión del coronavirus COVID-19 y la implementación de las diferentes medidas sociales, laborales y económicas que, hasta ahora, hemos conocido del Gobierno mediante su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En este sentido, ya se pueden adelantar las preguntas que se deseen solventar en este sentido, siempre de forma gratuita y sin compromiso alguno, enviando sus mensajes al WhatsApp 663929147, siendo estudiadas y respondidas durante el webinar.

Preguntas como: Tengo un taller y soy autónomo ¿puedo abrir yo solo? Si me llaman a trabajar y la actividad no es esencial ¿debo ir? Me dicen tengo que firmar un papel para el SEPE tras haberme comunicado un ERTE ¿es así? Me han “cortado” unos días y me dicen que de momento no vaya a trabajar ¿es legal? No puedo pagar el alquiler ¿me echarán de mi piso?

El 30 de marzo de 2020, los despachos legales Jiménez & Asociados y Ley 57 Abogados, organizamos una interesante videoconferencia o webinar, dedicado a las medidas laborales adoptadas por el Gobierno para empresas y autónomos ante la emergencia sanitaria y económica provocada por la expansión del coronavirus COVID-19 en España.

A cargo de la misma, estuvo el Abogado Carlos Cómitre, exponiendo y contestando a las preguntas que fueron planteando los participantes, muchos de ellos miembros de la Asociación Pequeña y Mediana Empresa de San Pedro Alcántara.

Actualizado 30/03/2020 23:00 h: Además de las cuestiones tratadas a continuación, disponen de un enlace al webinar organizado por Jiménez & Asociados junto a Ley 57 Abogados, con las últimas medidas adoptadas por el Gobierno y su correspondiente explicación y aplicación para cada caso.

Tras la aprobación en el Congreso de los Diputados de la prórroga del Decreto de Alarma, y tras las medidas aprobadas en el Real Decreto 8/2020 de 17 de marzo, examinamos resumidamente las opciones de empresarios y autónomos con respecto a sus trabajadores.

Continuamos diciendo que cada negocio es distinto, al igual que sus circunstancias, habiendo actividades que están siendo directamente afectadas por la orden de cierre y, otros que más indirectamente a causa de una evidente reducción de la demanda o, simplemente, se ven impedidas a realizar su trabajo habitual.

Las medidas de cierre o aislamiento añaden un factor de incertidumbre respecto de las medidas a adoptar pues, si el periodo fuera corto, el ahorro con medidas drásticas no sería importante y, sin embargo, se podría condicionar la reactivación de la empresa. Por otra parte, si el periodo se alarga, algunas medidas serán obligadas pero, no todo acaba en un ERTE.

Actualizado 30/03/2020 23:00 h: Además de las cuestiones tratadas a continuación, disponen de un enlace al webinar organizado por Jiménez & Asociados junto a Ley 57 Abogados, con las últimas medidas adoptadas por el Gobierno y su correspondiente explicación y aplicación para cada caso.

A partir del Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que se prorroga el Estado de Alarma ocasionada por el COVID-19, y tras las medidas aprobadas en el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, analizamos esquemáticamente las opciones del empresario y autónomo con respecto a los trabajadores.

Reiteramos que cada negocio es distinto y las circunstancias de cada uno también lo son. Hay actividades directamente afectadas por una orden de cierre y hay otras que son afectadas indirectamente por una drástica reducción de la demanda o, simplemente, se ven impedidos para realizar su labor.

La duración de las medidas de cierre y aislamiento añade un factor de incertidumbre respecto a la solución a adoptar pues, si el periodo fuese corto, el ahorro con medidas drásticas no sería importante y, sin embargo, podrían condicionar la reactivación del negocio. Sin embargo, si el periodo se alarga, algunas medidas serán obligadas.