El TSJ de Asturias ha confirmado la condena a cuatro años de prisión por un delito de apropiación indebida al acusado de extraer 116.400 euros de la cuenta bancaria de una tía de su mujer. La Sala de lo Civil y Penal también confirma la multa de diez meses con una cuota diaria de 15 euros e indemnizar a las herederas de la anciana con la cantidad sustraída más los intereses legales.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha desestimado el recurso de un albañil acusado de estafa con la reforma de una vivienda propiedad de dos hermanas y confirma la Sentencia de la Audiencia Provincial de Soria que le condenó a seis meses de prisión y a pagar una indemnización de 32.803,94 euros más intereses a las perjudicadas.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el primero de los recursos en el que se demandaba la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños sufridos por una empresa del sector de la hostelería como consecuencia de la aplicación de la normativa aprobada para evitar o mitigar la propagación de la pandemia COVID-19. Esa normativa impuso, entre otros extremos, la suspensión temporal de la actividad empresarial a la que se dedica la recurrente.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Balears ha condenado a una empresaria como autora de un delito continuado de estafa a la pena de 3 años, 6 meses y 1 día de prisión; y le impone una multa a pagar durante 9 meses una cuota diaria de 25 euros. Además, la Sala le condena en concepto de responsable civil directa -y a las mercantiles European Investment and Consulting Trust, SLU y Balearic Island Investment, en concepto de responsables civiles subsidiarias- a indemnizar a los perjudicados con más de 8 millones de euros.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea muestra su firmeza ante esta práctica inadecuada llevada a cabo por algunas líneas aéreas. Algunas compañías, sin previo aviso, cambian las reservas a fechas u horarios diferentes a los seleccionados por los usuarios, sin notificarles previamente, hasta ahora, sin compensación alguna.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha resuelto la disputa presente en el ámbito de la sanidad privada de varios países, donde era común el cobro a los pacientes por la obtención de copias de sus expedientes médicos o historiales clínicos.