A las buenas noticias para el consumidor en materia de cláusulas bancarias abusivas, se une, en su condición de administrado, otro éxito obtenido en el Tribunal Constitucional. En este caso, la posición del condenado no la ocupan los bancos, sino los ayuntamientos, que han estado hasta ahora liquidando indebidamente, en los casos que vamos a comentar, el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, la popularmente conocida "plusvalía".

Pero cuidado, que no son alegrías para todos los que hemos tenido que pasar por ese trámite. Y es que algunos medios de comunicación se han dedicado estos días a lanzar en sus cabeceras titulares poco correctos, y como ejemplo: "El Constitucional anula el impuesto de plusvalía municipal". Ni mucho menos esto es así. El grupo al que afecta esta Sentencia no es tan extenso como supondría apreciar atendiendo al titular. Solo en aquellos casos en que la venta del inmueble haya resultado con beneficio cero o inferior al establecido por los índices catastrales con los que se calcula el impuesto. Cosa no muy difícil que ocurra, ya que en muchos municipios, los valores catastrales están inflados, ya que su actualización se hizo antes de la crisis, o bien, como en el caso de Marbella, antes de la anulación de su Plan General de Ordenación Urbana. (De esto último hablaremos en otra ocasión, porque ello evidencia que muchos ayuntamientos se están enriqueciendo injustamente, cobrando este impuesto o el de Bienes Inmuebles, muy por encima del valor real que hoy tienen los inmuebles en los que se aplica).

El Juzgado de Primera Instancia Número 7 de Marbella, ha dictado una Sentencia en uno de los procedimientos llevados adelante por nuestro compañero y colaborador Carlos Cómitre (Ley57), pionera en Málaga al anular el índice de referencia IRPH de una hipoteca, además de eliminar del contrato otras cláusulas abusivas como el tipo de interés mínimo (suelo), el interés de demora o el vencimiento anticipado.

En la Sentencia, la Jueza considera que al cliente no se le ofreció la referencia a otro índice, no se le explicó en qué consistía y no se le plantearon distintos escenarios de evolución de su préstamo, entre las diferentes opciones que el representante del banco reconoció que existían.
La Sentencia no acepta el argumento esgrimido por el subdirector del banco, cargando sobre el cliente, exponiendo durante el juicio, que estas cuestiones no fueron explicadas "porque el cliente no preguntó", al tiempo que reconoció no saber cómo funcionaba el IRPH.

Mucho hemos escrito y especulado sobre el contenido de la Sentencia que, por fin, conocemos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto de las cláusulas suelo. Finalmente, la Justicia comunitaria corrige al Tribunal Supremo español y establece lo dictado por el Artículo 1303 del Código Civil, directivas europeas sobre derechos del consumidor y normas hipotecarias, como normas de obligado cumplimiento a la hora de restablecer por completo las cantidades indebidamente cobradas por los bancos por cláusulas declaradas nulas.

De forma bastante irregular, el Tribunal Supremo se arrogó el derecho, no de interpretar la Ley, sino de legislar por encima de su enunciado para defender un supuesto "trastorno económico" para el sistema financiero español, sin tener en absoluto en cuenta el perjuicio provocado por estos a cientos de miles de familias a quienes se les había obligado a firmar unas hipotecas con cláusulas que han sido declaradas abusivas. En la práctica, ello suponía la imposición de un interés fijo, a pesar de haber firmado una variación en la tipo que se aplicaría en el periodo de revisión.

El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo, mediante Sentencia dictada el pasado 19 de octubre de 2016, ha desestimado el Recurso de Casación interpuesto contra una Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que, a su vez, desestimó la demanda en la que se solicitaba la nulidad de un testamento notarial abierto. La cuestión jurídica objeto de recurso ha sido la idoneidad o no para ser testigo de la pareja de hecho de la instituida heredera, según las formalidades previstas en los artículos 682 y 697 del Código Civil para los testamentos abiertos, que determinan la inidoneidad como testigos, entre otros parientes, del cónyuge de la persona designada heredera.

Los abuelos de la demandante otorgaron sendos testamentos ante notario, instituyendo a su hija como heredera, con dos testigos instrumentales, uno de los cuales era pareja de hecho de la nombrada como heredera. Los testadores, que no sabían leer, declararon que el contenido de los testamentos otorgados era conforme con su voluntad expresada oralmente.

Aunque la Ley de 23 de julio de 1908 contra la Usura es de las más antiguas aún vigentes en todo el territorio español, su aplicación está poco extendida. Quizás porque los consumidores nos hemos acostumbrado a que sean generalizados los intereses que imponen muchas empresas de crédito y el hecho de que erróneamente pensemos que, aunque nos resulten desproporcionados, cuando son aplicados en un contrato oficial emitido por empresas de prestigio, es que estará respaldado por la legislación.

Todo lo contrario. Estas prácticas de incluir intereses muy superiores a los legalmente establecidos ya no son exclusivas de pequeñas financieras o incluso de particulares que se dedican a prestar dinero con grandes intereses. En este caso, al igual que en otros ya citados como la condenada Cofidis, la Financiera de El Corte Inglés, actualmente participada al 51% por Banco Santander, también ha visto corregida severamente su pretensión de cobrar el 18% como interés de demora por un préstamo al consumo realizado en sus centros comerciales por importe de 2.000 euros. Entiende la titular del Juzgado de Primera Instancia Número 3 de Fuenlabrada (Madrid), que el citado interés resulta "abusivo" y "usurero", en tanto que el legalmente establecido y vigente durante el año 2011 fue del 4%, con lo que realmente se ha pretendido aplicar un interés 14 puntos superior al legal en el momento de la firma del contrato, o lo que es lo mismo, 4'5 veces superior al legal.

Encabezando una lista de 185 grandes morosos de la provincia de Málaga, se encuentra el Grupo Inmobiliario Aifos, con casi 174 millones de euros, pendientes de abono a las arcas públicas. Pero eso no es todo el capital que debe esta sociedad. A ello hay que sumar los depósitos que se hicieron en su día para adquirir unas 100 viviendas que jamás fueron finalizadas ni entregadas a sus compradores.

El importe estimado de cinco millones de euros, recibidos por varias entidades bancarias en depósito, fueron reclamados extrajudicialmente, a la vista de la quiebra de la promotora, con la consiguiente negativa por parte de los bancos. Ello provocó que varios despachos de abogados de la provincia, iniciaran conjuntamente unas 100 reclamaciones judiciales sobre los importes que cada familia aportó para la adquisición de sus viviendas.