Este mes de marzo está siendo extremadamente interesante, por cuantas Sentencias han ido acumulando Tribunales y Juzgados en favor de Derechos Fundamentales, quebrantados hasta ahora, no solo por entidades bancarias, sino también por la misma Administración Pública, quien viene discriminando fiscalmente a los ciudadanos españoles según la Comunidad Autónoma en la que residen.
Éste es uno de los casos que resuelve el Tribunal Constitucional en Sentencia dictada el pasado 18 de marzo de 2015, en la que se estima la "Cuestión de Inconstitucionalidad" Número 3337/2013 (promovida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo) y, consecuentemente, en la que se declara inconstitucional y nulo parte del artículo 12.bis a) de la Ley de la Comunidad Valenciana 13/1997, de 23 de diciembre, concretamente, el tramo autonómico del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas -IRPF-, y restantes tributos cedidos, en la redacción dada por el artículo 16 de la Ley de la Comunidad Valenciana 10/2006, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat.
La crisis en la que desde hace años estamos inmersos, ha provocado la imposibilidad de muchos ciudadanos para acceder a un puesto digno de trabajo y, concretamente a fecha de hoy, para casi cuatro millones y medio de españoles. A duras penas, familiares, amigos, prestaciones por desempleo y sobre todo múltiples asociaciones, ONG, han ido cubriendo las necesidades de tantos españoles y españolas. Según el último informe anual de Cáritas, un 40,6% de la población va hundiéndose en la precariedad y, en torno al 24%, sufre exclusión social moderada. O lo que es igual, la pobreza grave afecta a tres millones de personas en nuestro país.
A pesar de lo vetusta que la Ley Hipotecaria resulta en el Estado español, ya son varios los juzgados y tribunales que están tratando este asunto a partir de normas comunitarias y dictámenes procedentes de la Unión Europea.