El Juzgado de lo Social Número 1 de Cáceres, ha dado la razón a una empleada al considerar como accidente de trabajo la caída que sufrió en el domicilio mientras teletrabajaba para su empresa.

El Tribunal Constitucional no suspende la autorización judicial para vacunar contra el COVID-19 a una persona sin capacidad para consentir, por motivos médicos y evitar su aislamiento en el lugar donde reside.

El Juzgado de Primera Instancia número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, ha condenado en Sentencia firme a la empresa de telefonía Orange, a indemnizar con 900 euros a un excliente por los daños morales que le causó, al acosarle con llamadas, mensajes y cobros indebidos cuando aquel rescindió el contrato que los vinculaba.

El problema surge porque el Real Decreto-Ley 9/2020, apostando por el ERTE como solución a los problemas empresariales asociados a la pandemia, dispuso que la fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido. Se trata de la frecuentemente identificada como “prohibición de despedir”.

La Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha reconocido que la incapacidad temporal de una trabajadora, -derivada de la rotura de manguito rotador de hombro izquierdo- limpiadora de profesión, deriva de enfermedad profesional, aunque la citada profesión no aparece en la enumeración de actividades que pueden generar enfermedad profesional, establecidas en el RD 1299/2006, de 10 de noviembre.

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a dos años de prisión por un delito de estafa a un hombre que engañó a una mujer haciéndose pasar por un deportista profesional, para conseguir que ésta le diera dinero.