Evidentemente, no seremos conscientes de lo que significará dejar para otros, un trámite que nos puede ocupar unos minutos y costar muy poco, pero las consecuencias económicas para nuestros futuros herederos pueden ser mucho más elevadas.

En el ámbito interpretativo de la herencia, algunos de los que queden fuera del reparto o entiendan tener más derechos sobre la misma, podría forzarlos a iniciar incluso reclamaciones judiciales al respecto.
El testamento, como documento de últimas voluntades, será tenido en cuenta para realizar el reparto de bienes entre nuestros herederos legítimos y aquellos que elijamos, además de los primeros. No realizar este trámite, obligará a que la masa hereditaria sea repartida conforme a criterios legales exclusivamente y no de última voluntad del testador.

Junto a nuestros compañeros de Ley 57 Abogados, Jiménez & Asociados ha presentado una queja formal ante el Defensor del Pueblo Andaluz, D. Jesús Maeztu. Concretamente, los letrados Carlos Cómitre y Miguel Ángel Jiménez, han solicitado su intervención ante las autoridades judiciales y entidades financieras, de forma que se pueda desbloquear la situación que padecen miles de afectados por los efectos de las cláusulas suelo y los gastos hipotecarios que debieron asumir a la hora de contratar una hipoteca. La falta de respuesta extrajudicial y la inoperancia de los tribunales creados específicamente para estos asuntos por parte del Estado, no han hecho más que agravar la problemática que bancos y entidades financieras han provocado a gran parte de los consumidores de este país.

Aunque sea una Sentencia dictada en primera instancia por el Juzgado Número 28 de Barcelona, no cabe duda de que puede representar el inicio de un nuevo tiempo para aquellos afectados por los abusos bancarios y, sobre todo, por aquellos negocios jurídicos relacionados con la compra de una vivienda mediante crédito hipotecario.

En la Sentencia conocida recientemente, el Juez condena a la entidad bancaria para que abone a su cliente la cantidad que debió abonar como Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD). Los artículos 27 al 44 del Real Decreto 1/1993 por el que se aprobó el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre las Transmisiones Patrimoniales y sobre Actos Jurídicos Documentados, regulan la aplicación del mismo y, aunque no solo afecta a las hipotecas, en su mayor parte, quienes contratan una, son los más perjudicados por su existencia. Hablamos del impuesto que grava la emisión de documentos notariales, los cuales se extienden en papel timbrado, con sus matrices y copias.

Para calcular su base imponible, en el caso de adquisición de una vivienda, local, garaje, etc., con hipoteca, sumaremos todos los conceptos integrados en la misma: capital prestado, intereses ordinarios, intereses de demora, costas judiciales, gastos, etc.