La Audiencia de Valladolid ha condenado a una comunidad de propietarios a indemnizar con 12.155,20 euros a un repartidor de Correos por las lesiones sufridas al tropezar con un escalón del portal. De esta manera, el Tribunal confirma el fallo del Juzgado de Primera Instancia Número 15 de Valladolid.

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de la Audiencia Provincial de Álava a un empresario como autor de un delito contra los derechos laborales del Artículo 311.1º del Código Penal en relación de concurso real con un delito de estafa de los artículos 248, 249, 250.1.1º, 4º y 5º, este último en relación con el Artículo 74.2º del Código Penal, y artículo 250.2 del Código Penal a las penas de 18 meses de prisión por el primer delito y de cinco años de prisión por el segundo.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha reconocido la situación de gran invalidez a una trabajadora que sufre trastorno mental, ansiedad y depresión, que en una ocasión ha intentado suicidarse y en la que persisten las ideas autolíticas.

La Sala Primera del Tribunal Constitucional, en una Sentencia aprobada por unanimidad y de la que ha sido ponente el Presidente Cándido Conde-Pumpido Tourón, ha estimado un recurso de amparo por apreciar que el Servicio Murciano de Salud, al derivar a la demandante a un centro sanitario privado en Madrid, comunidad autónoma distinta de su residencia habitual, ha vulnerado el derecho de configuración legal de la recurrente a la interrupción del embarazo que, como estableció la Sentencia del Tribunal Constitucional 44/2023, forma parte de su derecho fundamental a la integridad física y moral (Artículo 15 de la Constitución Española, en conexión con el Artículo 10.1 CE).

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha elevado de 3.000 a 20.000 euros la indemnización que un empleado del Ayuntamiento de un municipio sevillano deberá pagar a una compañera sobre la que cometió abusos sexuales continuados durante un año, al inicio o durante su jornada laboral como limpiadores.

A lo largo de 2014, un empleado y, a la vez, cliente del banco finés Pankki S, tuvo conocimiento de que sus datos personales habían sido consultados, en varias ocasiones, por otros miembros del personal del banco entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre de 2013. Al albergar dudas sobre la licitud de esas consultas, ese empleado, entretanto despedido de su puesto en Pankki S, solicitó a este, el 29 de mayo de 2018, que le comunicara la identidad de las personas que habían consultado sus datos, las fechas exactas de las consultas y los fines del tratamiento de dichos datos.