La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que confirma una resolución del Banco de España que impuso una multa de 485.000 euros al Banco de Santander por una infracción grave del Código de Buenas Prácticas (CBP) del Real Decreto de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos.

Todos los medios de comunicación nacionales, se hicieron eco de la importante Sentencia que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado recientemente contra la banca y el Tribunal Supremo españoles. Por enésima vez, Europa enmienda la plana al Estado español que, durante años, ha autorizado los abusos que las entidades de crédito han impuesto mediante cláusulas hipotecarias contrarias a las normas que la Unión ha ido aprobando hasta la fecha, sobre todo en lo referido a la Directiva 93/13/CEE, de Protección al Consumidor que, atendiendo al dictado de su Artículo 3, apartados 1 y 2:

“1. Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente se considerarán abusivas cuando, contrariamente a las exigencias de la buena fe, causen en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato.

Una nueva Sentencia que anula el índice hipotecario IRPH ha salido a la luz desde un Juzgado de Toledo. La aplicación, por parte del Juez, de la Jurisprudencia emanada del Tribunal de Justicia de la unión Europea (TJUE) hace que, a criterio del juzgador español, no solo se anule la cláusula abusiva por la que se regía desde sus inicios el contrato hipotecario (que siempre debió regirse por el Euribor), sino que, además, la entidad de crédito deberá abonar las cantidades indebidamente cobradas y, por otra parte, cualquier importe referido a los intereses que el banco fue cobrando hasta la fecha; lo que, en la práctica, reduce al préstamo a interés cero.

Todo un revés para la banca española, pero también para algunas Audiencias Provinciales que, sin motivo alguno, se han revelado en contra del dictado europeo contra la cláusula IRPH, decretada abusiva si en el momento de su implantación, no fue referenciada con la debida claridad y transparencia ante el consumidor lego en este tipo de léxico jurídico-económico.

A pesar de la práctica paralización de la Administración de Justicia, algunos juzgados están notificando beneficiosas resoluciones que atañen a gran número de consumidores que, en su día, fueron engañados por parte de la banca, al aplicar un interés diferente al Euribor, con lo que sus cuotas hipotecarias, apenas reflejaban las rebajas que, durante estos últimos años ha experimentado el Euro Interbank Offered Rate o, Índice Europeo de Oferta Interbancaria.

Los juzgados españoles ya aplican la Jurisprudencia emanada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado 3 de marzo de 2020, abriendo la posibilidad de reclamar para que se declarara la nulidad de la cláusula IRPH, por falta de transparencia al momento de suscribir la hipoteca para la compra de su vivienda.

Para conocer más el mecanismo por el que el IRPH es tan perjudicial para los consumidores, analizamos seguidamente en qué consiste y cómo afecta a la cuota hipotecaria.

El pasado miércoles 18 de marzo de 2020, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes y extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. A partir de ese momento y durante un mes, salvo prórroga que a tal efecto se disponga, sus efectos sobre el pago de las mensualidades al banco en concepto de devolución del capital e intereses sobre la hipoteca suscrita para la adquisición de la vivienda habitual, serán evidentes.

Con esta moratoria sobre el pago a las entidades de crédito, se pretende procurar el aplazamiento de la deuda hipotecaria para quienes han adquirido una vivienda para su uso habitual y, en este momento, padecen extraordinarias dificultades para atender su pago como consecuencia de la crisis del COVID-19.

Para poder adherirse a la medida, tendrán que tenerse en cuenta los siguientes puntos:

Para paliar en la medida de lo posible las consecuencias económicas y sociales de la epidemia causada por la propagación del coronavirus COVID-19, el Gobierno de la nación publicó anoche el Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, en el que se recogen las primeras medidas en el ámbito laboral relacionadas con el Estado de Alarma decretado el pasado sábado.

Destacamos que este decreto plantea dos medidas extraordinarias para dos escenarios diferentes, según estemos hablando de un negocio afectado por el decreto de cierre o por un negocio que por razón de la alarma vea reducida su carga de trabajo y, por tanto, de sus ingresos, recordando que estas reglas son extraordinarias, temporales y destinadas a evitar despidos definitivos.