La Audiencia de Valladolid ha condenado a una comunidad de propietarios a indemnizar con 12.155,20 euros a un repartidor de Correos por las lesiones sufridas al tropezar con un escalón del portal. De esta manera, el Tribunal confirma el fallo del Juzgado de Primera Instancia Número 15 de Valladolid.

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de la Audiencia Provincial de Álava a un empresario como autor de un delito contra los derechos laborales del Artículo 311.1º del Código Penal en relación de concurso real con un delito de estafa de los artículos 248, 249, 250.1.1º, 4º y 5º, este último en relación con el Artículo 74.2º del Código Penal, y artículo 250.2 del Código Penal a las penas de 18 meses de prisión por el primer delito y de cinco años de prisión por el segundo.

El Consejo de Gobierno ha aprobado el Decreto-ley por el que se establecen las bases reguladoras y se convocan las subvenciones dirigidas a pymes y autónomos para compensar el sobrecoste energético de gas natural y/o electricidad que sufrieron en el 2022 por la subida de los precios como consecuencia de la guerra contra Ucrania.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha reconocido la situación de gran invalidez a una trabajadora que sufre trastorno mental, ansiedad y depresión, que en una ocasión ha intentado suicidarse y en la que persisten las ideas autolíticas.

La Sala Primera del Tribunal Constitucional, en una Sentencia aprobada por unanimidad y de la que ha sido ponente el Presidente Cándido Conde-Pumpido Tourón, ha estimado un recurso de amparo por apreciar que el Servicio Murciano de Salud, al derivar a la demandante a un centro sanitario privado en Madrid, comunidad autónoma distinta de su residencia habitual, ha vulnerado el derecho de configuración legal de la recurrente a la interrupción del embarazo que, como estableció la Sentencia del Tribunal Constitucional 44/2023, forma parte de su derecho fundamental a la integridad física y moral (Artículo 15 de la Constitución Española, en conexión con el Artículo 10.1 CE).

El Reglamento 2019/1157 establece la obligación de incluir, desde el 2 de agosto de 2021, en un dispositivo de almacenamiento dotado de fuertes medidas de seguridad, una imagen de las impresiones dactilares del titular en todo documento de identidad nuevo expedido por los Estados miembros.