La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha estimado el recurso que interpuso la Generalitat de Cataluña contra una Sentencia del TSJ de Cataluña que consideró que un instituto de Barcelona había vulnerado los derechos fundamentales de un alumno no vacunado al que ante un contagio por COVID-19 se le impuso la cuarentena domiciliaria de 10 días.

Según Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ante una pandemia, un Estado miembro puede prohibir los viajes no esenciales a otros Estados miembros clasificados como zonas de alto riesgo atendiendo a la situación sanitaria que en ellos exista.

El problema surge porque el Real Decreto-Ley 9/2020, apostando por el ERTE como solución a los problemas empresariales asociados a la pandemia, dispuso que la fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido. Se trata de la frecuentemente identificada como “prohibición de despedir”.