La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado una Sentencia en la que fija doctrina en relación con las solicitudes de acceso a la financiación pública de un medicamento no autorizado en España, a través de una autorización excepcional, para el tratamiento de pacientes con enfermedades raras.

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha estimado el recurso que interpuso la Generalitat de Cataluña contra una Sentencia del TSJ de Cataluña que consideró que un instituto de Barcelona había vulnerado los derechos fundamentales de un alumno no vacunado al que ante un contagio por COVID-19 se le impuso la cuarentena domiciliaria de 10 días.

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), ha fijado en 90.000 euros la indemnización que, en concepto de daño moral procedente de una pérdida de oportunidad, debe abonar el Servizo Galego de Saúde (SERGAS) a un paciente del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS) al que le extirparon el bazo y parte de páncreas tras la demora en el diagnóstico de un carcinoma renal.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Badajoz ha estimado parcialmente la demanda de unos padres con un niño con un 89% de discapacidad, y condena al Servicio Extremeño de Salud y a la aseguradora de esta administración a indemnizarlos con un millón de euros en concepto de responsabilidad patrimonial.

La Sala Primera del Tribunal Constitucional, en una Sentencia aprobada por unanimidad y de la que ha sido ponente el Presidente Cándido Conde-Pumpido Tourón, ha estimado un recurso de amparo por apreciar que el Servicio Murciano de Salud, al derivar a la demandante a un centro sanitario privado en Madrid, comunidad autónoma distinta de su residencia habitual, ha vulnerado el derecho de configuración legal de la recurrente a la interrupción del embarazo que, como estableció la Sentencia del Tribunal Constitucional 44/2023, forma parte de su derecho fundamental a la integridad física y moral (Artículo 15 de la Constitución Española, en conexión con el Artículo 10.1 CE).

El Tribunal Constitucional no suspende la autorización judicial para vacunar contra el COVID-19 a una persona sin capacidad para consentir, por motivos médicos y evitar su aislamiento en el lugar donde reside.