La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha declarado vulnerados los derechos fundamentales a la integridad física y moral y a la intimidad de una familia que sufrió en la puerta de su casa más de sesenta manifestaciones contra una antena de telefonía móvil.

Nos referimos concretamente a la aplicación de recargos por Plusvalía, aunque el inmueble vendido haya sido a pérdida o con un incremento patrimonial igual a cero.

Si bien es cierto que la nulidad dictada por el Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, solo afecta a dos artículos de la Ley Foral guipuzcoana que rige dicho impuesto, en la práctica, son prácticamente calcados de los que ayuntamientos de toda España aplican para la autoliquidación, liquidación o revisiones que hasta ahora se vienen dando. Es por ello que tarde o temprano el Constitucional deberá pronunciarse sobre la constitucionalidad en el resto del territorio español, en base a la Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Artículo 104 y siguientes.

Curiosamente, en multitud de ocasiones no son solo cierto tipo de establecimientos los sancionados por la Administración de Justicia cuando se exceden en la emisión de ruido. Los ciudadanos, con ayuda de los Abogados, están consiguiendo Sentencias ejemplares contra de los Ayuntamientos que, como el de este caso, no adoptan las "medidas necesarias e inmediatas para evitar las perturbaciones por los ruidos procedentes de los locales de ocio". Y no lo hizo, según criterio de su defensa Letrada, porque la actividad denunciada, aunque reconocida con las mediciones realizadas por la Administración Local, "no se acredita su carácter general en el tiempo (sólo en días y horas determinadas)".

A pesar de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 7 de Málaga, "no apreció inactividad o pasividad municipal frente a la contaminación acústica", por parte del Ayuntamiento de Estepona, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga, advierte en su Sentencia lo siguiente: