Los concursos de acreedores presentados en Andalucía en 2023 aumentaron un 77,5 por ciento respecto al año anterior

Durante 2023, los concursos de acreedores presentados ante los órganos judiciales de Andalucía, Ceuta y Melilla crecieron un 77,5% con respecto al año anterior al sumar un total de 6.310.

De ellos, 5.356 corresponden a concursos presentados por personas naturales sin actividad empresarial, que fueron los único que crecieron, con un importante incremento interanual del 133,6 por ciento. El resto de concursos, por el contrario, disminuyeron: los de personas jurídicas, 614 en total, fueron un 24,4% menos que el año anterior y los 340 a personas naturales empresarios se redujeron un 24,3 por ciento.

Estos datos figuran en el informe “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales”, hecho público hoy por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial. En este documento se especifica que, durante el ejercicio analizado, la Comunidad Autónoma con mayor número de concursos presentados ha sido Cataluña, con un total de 12.075. Le siguieron Andalucía, con 6.310; Comunidad Valenciana, con 5.478 y Madrid, con 5.346.

Andalucía, a la cabeza de ejecuciones hipotecarias

El número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en 2023 fue de 4.551, un 19,7% menos que las iniciadas en 2022. En términos absolutos, Andalucía fue el territorio donde se presentaron más ejecuciones hipotecarias, seguido por Cataluña (3.457), la Comunidad Valenciana (3.100); Madrid (2.036), y Castilla-La Mancha (962).

Respecto a los lanzamientos, en 2023 se practicaron fue de 4.449, un 33,8 por ciento menos que el año anterior. Los lanzamientos afectan a distintos tipos de inmuebles, no solo viviendas y, en el caso de éstas, no solo a vivienda habitual.

Un 66,5 por ciento de los lanzamientos, 2.961, ha sido consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 1.135 -el 25,5%- se derivaron de ejecuciones hipotecarias. Los 353 restantes obedecieron a otras causas.

Los lanzamientos por impago del alquiler experimentaron una disminución interanual del 34,3 por ciento respecto a 2022, y los derivados de ejecuciones hipotecarias del 35 por ciento. Cataluña, con 7.148 (el 26,8 % del total nacional), fue la Comunidad Autónoma en la que se practicaron más lanzamientos, seguida por Andalucía (4.449); la Comunidad Valenciana (3.869) y Madrid (2.367).

Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, la clasificación la encabeza también Cataluña, con 5.158; le siguen Andalucía, con 2.961; la Comunidad Valenciana, con 2.673; y la Comunidad de Madrid, con 2.029. Los primeros puestos en cuanto a los lanzamientos consecuencia de ejecuciones hipotecarias los ocupan Cataluña (1.264); Andalucía (1.135); Comunidad Valenciana (1.049) y Murcia (315).

Las demandas por despido aumentan un 23,7 % por ciento

Las 23.933 demandas por despido presentadas en los Juzgados de lo Social de Andalucía, Ceuta y Melilla en 2023 supusieron un incremento del 23,7 por ciento respecto a las registradas el año anterior.

Por territorios, Cataluña -con 27.547, el 19,6 % del total nacional- es la Comunidad Autónoma en la que se presentaron más demandas de este tipo, seguida por Andalucía, con 23.933 y Madrid, con 23.734.

Además, los Juzgados de lo Social en 2023 registraron 21.728 reclamaciones de cantidad, un 4,3 por ciento más que en 2022. De ellas, 23.710 se presentaron en Madrid; 21.728 en Andalucía y 15.410 en Cataluña.

Por su parte, los procedimientos monitorios presentados en 2023 en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción sumaron 202.488, cifra que representa un 19,3 por ciento más que en 2022. Este tipo de procedimiento sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.

Además, en 2023 han ingresado en los juzgados especializados 11.165 acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física (clausulas suelo), un 6,5% menoss que en 2022. Se han dictado 17.095 sentencias.

Por último, durante 2023 han ingresado 424 procedimientos verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas, un 20,7% menos que en 2022. En Cataluña sumaron 445, un 23,6 por ciento del total nacional. Por detrás, Andalucía, con 424; Comunidad Valenciana, con 379; y Madrid, con 215.

Estudio: Efecto de la Crisis en los órganos judiciales.

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