Aunque la Ley de 23 de julio de 1908 contra la Usura es de las más antiguas aún vigentes en todo el territorio español, su aplicación está poco extendida. Quizás porque los consumidores nos hemos acostumbrado a que sean generalizados los intereses que imponen muchas empresas de crédito y el hecho de que erróneamente pensemos que, aunque nos resulten desproporcionados, cuando son aplicados en un contrato oficial emitido por empresas de prestigio, es que estará respaldado por la legislación.

Todo lo contrario. Estas prácticas de incluir intereses muy superiores a los legalmente establecidos ya no son exclusivas de pequeñas financieras o incluso de particulares que se dedican a prestar dinero con grandes intereses. En este caso, al igual que en otros ya citados como la condenada Cofidis, la Financiera de El Corte Inglés, actualmente participada al 51% por Banco Santander, también ha visto corregida severamente su pretensión de cobrar el 18% como interés de demora por un préstamo al consumo realizado en sus centros comerciales por importe de 2.000 euros. Entiende la titular del Juzgado de Primera Instancia Número 3 de Fuenlabrada (Madrid), que el citado interés resulta "abusivo" y "usurero", en tanto que el legalmente establecido y vigente durante el año 2011 fue del 4%, con lo que realmente se ha pretendido aplicar un interés 14 puntos superior al legal en el momento de la firma del contrato, o lo que es lo mismo, 4'5 veces superior al legal.

Encabezando una lista de 185 grandes morosos de la provincia de Málaga, se encuentra el Grupo Inmobiliario Aifos, con casi 174 millones de euros, pendientes de abono a las arcas públicas. Pero eso no es todo el capital que debe esta sociedad. A ello hay que sumar los depósitos que se hicieron en su día para adquirir unas 100 viviendas que jamás fueron finalizadas ni entregadas a sus compradores.

El importe estimado de cinco millones de euros, recibidos por varias entidades bancarias en depósito, fueron reclamados extrajudicialmente, a la vista de la quiebra de la promotora, con la consiguiente negativa por parte de los bancos. Ello provocó que varios despachos de abogados de la provincia, iniciaran conjuntamente unas 100 reclamaciones judiciales sobre los importes que cada familia aportó para la adquisición de sus viviendas.

Aunque de forma indirecta, la banca española vuelve a ser beneficiada por la Tribunal Supremo, dando por buena la norma del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), que obliga a todos los beneficiarios de una prestación social, a disponer de una cuenta bancaria, con los gastos que ello normalmente supone.

Es cierto que, como el mismo Tribunal expone, existen entidades bancarias que han eliminado por completo las comisiones bancarias por mantenimiento de cuentas, aunque bajo determinadas exigencias que, en modo alguno pueden cumplir, por ejemplo, algunos desempleados, ya que suelen exigir un saldo medio, o la domiciliación de determinados recibos. Solo en casos de banca completamente online, esas comisiones alcanzan realmente a ser cero, aunque nos obligan a disponer de otra cuenta en una oficina física para poder disponer del efectivo transferido por el Estado. Olvida también el Supremo que no todos los beneficiarios de este tipo de prestaciones tienen la posibilidad de disponer de ordenador o conexión a Internet.

Sin entrar en profundidad, por ahora, en cuestiones sobre la modificación de las fachadas de edificios regidos por la Ley de Propiedad Horizontal, sí que hacemos mención a una nueva Sentencia del Tribunal Supremo, en la que ordena retirar cinco aparatos de aire acondicionado, instalados en el exterior de un edificio que previamente contaba con preinstalación para dichos electrodomésticos.

Entiende el Tribunal que la alteración del edificio no se produce exclusivamente en las fachadas exteriores, sino también en el patio interior del mismo. Igualmente, destaca que "la promoción tenía preinstalación de aire acondicionado, por lo que los comuneros demandados debieron proceder a la puesta en marcha de su sistema de aire acondicionado sin alterar, innecesariamente, una fachada que ornamental y estéticamente se percibe cual si fuese principal, al estar abierta sobre un patio de recreo, en el que se desarrolla vida comunitaria, infringiendo los artículos 12 y 17 de la Ley de Propiedad Horizontal en la redacción vigente en la fecha de los hechos".

Una de las últimas Sentencias dictadas por el Tribunal Supremo en materia de familia, ha modificado su Doctrina al entender que el pacto alcanzado entre las parejas al momento de la separación, tiene plena vigencia a la hora de requerirse el divorcio, promovido solo por una de las partes. Textualmente, el Tribunal admite que "a los efectos de la extinción de la pensión compensatoria, habrán de tenerse en cuenta los acuerdos contenidos en el convenio regulador, con absoluto respeto a la autonomía de la voluntad de ambos cónyuges, siempre que no sea contraria a la Ley, la moral y el orden público."

Reconocida en Primera Instancia una pensión compensatoria por importe de 1.400 euros, fue la Audiencia Provincial de Madrid quien, estimando el Recurso interpuesto por el marido, quien extinguió el derecho adquirido por la esposa a la hora de seguir percibiendo la cantidad estipulada en el convenio regulador instituido al momento de la separación.

El Artículo 13 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal, define cuáles son los órganos de gobierno de la comunidad de vecinos, siendo el Administrador de Fincas uno de éstos, además de la Junta de Propietarios, el Presidente y, en su caso, el Vicepresidente y el Secretario.

Seguidamente, en el Artículo 20 de la LPH, se enumeran las obligaciones del Administrador, quien siempre deberá actuar en beneficio de la comunidad, siendo éstas las siguientes:

1. Velar por el buen régimen de la casa, sus instalaciones y servicios, y hacer a estos efectos las oportunas advertencias y apercibimientos a los titulares.