El Tribunal Supremo ha declarado que el mecanismo de financiación del bono social establecido por Decreto-ley en 2016, por ser contrario al derecho de la Unión Europea, ya que discrimina a ciertas empresas del sector eléctrico frente a otras.

Como adelantamos el pasado 26 de octubre, hoy el Tribunal Constitucional publica y emite un comunicado más extenso sobre la Sentencia que declara la inconstitucionalidad y nulidad del sistema objetivo de cálculo de la base imponible del impuesto de plusvalía.

El Tribunal Constitucional ha estimado la cuestión de inconstitucionalidad número 4433-2020, promovida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, con sede en Málaga y, en consecuencia, declara la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 107.1 segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en los términos previstos en el fundamento jurídico 6.

Una nueva Sentencia que anula el índice hipotecario IRPH ha salido a la luz desde un Juzgado de Toledo. La aplicación, por parte del Juez, de la Jurisprudencia emanada del Tribunal de Justicia de la unión Europea (TJUE) hace que, a criterio del juzgador español, no solo se anule la cláusula abusiva por la que se regía desde sus inicios el contrato hipotecario (que siempre debió regirse por el Euribor), sino que, además, la entidad de crédito deberá abonar las cantidades indebidamente cobradas y, por otra parte, cualquier importe referido a los intereses que el banco fue cobrando hasta la fecha; lo que, en la práctica, reduce al préstamo a interés cero.

Todo un revés para la banca española, pero también para algunas Audiencias Provinciales que, sin motivo alguno, se han revelado en contra del dictado europeo contra la cláusula IRPH, decretada abusiva si en el momento de su implantación, no fue referenciada con la debida claridad y transparencia ante el consumidor lego en este tipo de léxico jurídico-económico.

Poder Judicial

La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha confirmado una multa de 7.500 euros a la empresa Miraclia Telecomunicaciones S. L., como titular de la app de bromas telefónicas por encargo Juasapp, por infracción de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, en relación a cuatro bromas realizadas entre abril y mayo de 2016.

La Sala descarta que pueda aplicarse al caso, como quería la empresa, la exclusión de protección de datos por tratarse de actividades exclusivamente personales o domésticas. Y ello porque quien realiza el tratamiento de datos es la empresa, no la persona que encarga la broma, y no lo es en el marco de una actividad particular o doméstica, “carácter que se podría adscribir a la actuación del particular que gasta la broma, pero en ningún caso a la sociedad Miraclia, que desarrolla su actividad prestadora de servicios facilitando los medios para que una persona embrome a otra como una actividad comercial que le reporta beneficios económicos”.

El Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Málaga, ha finalizado un largo procedimiento, defendido por nuestro compañero Carlos Cómitre, por el que, utilizando el Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social, norma más conocida como Ley de Segunda Oportunidad, condona una deuda de 622.000,00 euros, pasivo insatisfecho por el deudor, un jubilado residente en Málaga.

La cuantía total fue calculada por el Administrador Concursal designado por este Juzgado que, en el informe emitido, incluyó el capital e intereses de las deudas que fueron avaladas personalmente hace más de veinte años.

Al afectado, como decimos, jubilado desde hace unos años, sin bienes a su nombre, le venían embargando parte de su pensión. Precisamente la que la ley permite realizar por encima del mínimo legalmente establecido. Esto es, entre el 30 y el 90% de la cuantía que se perciba por encima del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Gracias a esta Sentencia, volverá a recibir íntegra su paga y no le serán reclamadas cantidades ya canceladas por el Juzgado, liberándose de tan ardua carga.